Desafíos de la participación política de las mujeres en LATAM y el Caribe 

Aunque la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos cívico-políticos tiene más de doscientos años, las mujeres somos consideradas como un nuevo actor en el escenario político donde se interrelacionan su condición política, el género, raza y posición social que limitan sus oportunidades. Bajo esta perspectiva, el no circunscribirlas adecuadamente en las leyes, las invisibiliza y pone en riesgo su vida.

El fenómeno de la desigualdad no sólo deviene de la raíz legal que ha sido lenta para incorporar plenamente el principio de igualdad en todas las esferas, sino también del entorno social: la precariedad del trabajo remunerado, la discriminación persistente para el acceso en la toma de decisiones, la falta de políticas de cuidados con perspectiva de género, los estereotipos en torno a la imagen pública que deben cumplir las mujeres que desean participar en política, entre otros.

De igual forma, se identifica que es difícil acceder al poder independientemente del partido en el que participen las mujeres, pero esto se agrava si se es mujer rural, si se lleva la responsabilidad de cuidar a otros, y las limitaciones de los servicios públicos coartan la capacidad de accionar de las mujeres políticas. Esto se profundiza si, adicionalmente, eres una mujer política de oposición, más cuando en nuestros países estamos viendo un retroceso de las democracias ya que algunos gobiernos en el poder recurren a la criminalización de las protestas ciudadanas (incluidas las de los movimientos de mujeres), la represión de la opinión pública y los crímenes sin aclarar contra personas candidatas, defensoras de derechos humanos y periodistas.

Asimismo, la violencia política contra las mujeres en razón del género va adoptando formas más sofisticadas y crueles, pues con el uso de los medios digitales se ha incrementado no solo la crítica, la difamación y las violencias simbólicas hacia las mujeres, sino que se ha recurrido a la contratación de terceros, expertos tecnológicos, para suplantar la identidad, hackear sus redes, esparcir rápidamente fake news, apropiarse de sus vías de comunicación y contactos de WA o telegram, de su información bancaria, haciendo un seguimiento puntual de su geolocalización, y amenazando a sus familias. A este tipo de actividad que va más allá de la violencia digital conocida como la Ley Olimpia – que consiste en la exposición de contenido íntimo sin consentimiento de la persona expuesta – es lo que hoy se concibe como sicariato digital en la propuesta de la mexicana Edurne Ochoa, pues la forma en cómo se ejerce es sistemática y tienen un blanco específico, parecida a la actuación de los sicarios de la delincuencia organizada, con el fin de desplazar del espacio público a las mujeres.

De acuerdo con los resultados del informe “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión”, elaborado por las periodistas Ingrid Beck, Florencia Alcaraz y Paula Rodríguez para la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y ONU Mujeres, el 80% de las mujeres que sufrieron violencia política en línea limitó su participación en las redes, el 40% manifestó haberse autocensurado y el 80% teme por su integridad física y hasta por su vida. Los ataques impactan en el ejercicio de la libertad de expresión de quienes los padecen. De este modo restan voces en el debate público y, por consiguiente, socavan la calidad de las democracias.

Por su parte, la Secretaría de Cumbres de las Américas (OEA) junto con la Embajada de Canadá, desde junio 2023, alertaron mediante una reunión sobre “desafíos y buenas prácticas para garantizar la integridad de la información y contrarrestar las campañas de desinformación en los procesos electorales”, que el uso de la inteligencia artificial podría tener un impacto en la suplantación de identidad de candidatas y candidatos, al generar mensajes de voz o video falsos con posiciones contrarias a sus plataformas políticas con el fin de desacreditarlos y afectar las votaciones. Asimismo, manifestaron su preocupación moral sobre la responsabilidad estatal de los discursos públicos, pues se ha observado que desde la palestra institucional se expresan y movilizan discursos de odio hacia supuestos opositores, con la premisa de “calumnia, que algo quedará”.

Ante este escenario, es urgente mejorar la conceptualización, tipificación, la investigación y la impartición de justicia en materia de violencia política contra las mujeres en razón del género, incluyendo los delitos de índole digital para garantizar la mayor seguridad, protección y libertad de las que participan en el espacio público.